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POBREZA ENERGÉTICA CON COVID

26 julio 2020

La crisis económica desatada por la pandemia de Covid-19 y por el frenazo de actividad durante el estado de alarma para contener los contagios se nota claramente en una de sus facetas más críticas para los hogares y para los negocios.

En sólo tres meses, más de 40.000 familias y autónomos han pedido recibir el bono social, un descuento en el recibo de luz de entre el 25% y el 100% del importe de la factura para consumidores vulnerables y que es el programa público principal para combatir la pobreza energética.

Desde la entrada en vigor del estado de alarma y hasta la semana pasada (del 14 de marzo al 29 de junio), un total de 36.076 clientes se han sumado al cada vez mayor contingente de beneficiarios del bono social eléctrico, que ya ha alcanzado los 1.333.737 clientes con descuentos para poder pagar la luz, según los últimos registros del Ministerio para la Transición Ecológica a los que ha tenido acceso El Independiente.

A esos 36.000 nuevos receptores de las ayudas, que ya cuentan con la aprobación oficial, hay que sumarles más de 5.000 consumidores más –fundamentalmente autónomos- cuya petición aún está en tramitación, y que previsiblemente se sumarán al total de beneficiarios en las próximas semanas.

Casi 11.500 autónomos solicitan las ayudas.

El Gobierno amplió a principios de abril los colectivos que pueden recibir el bono social de la electricidad. Se trataba de una ampliación excepcional y sólo temporal para atender la situación extraordinaria que algunos consumidores  pueden sufrir por la crisis provocada por la epidemia de coronavirus.

El Ministerio para la Transición Ecológica permitía que también pudieran recibir el bono social a personas que cumplan determinados umbrales de baja renta familiar y que acrediten que son autónomos que han cesado su actividad o que han visto reducida su facturación en un 75% durante la emergencia sanitaria por el Covid.

En los tres meses transcurridos desde la entrada en vigor de esta ampliación, un total de 11.496 autónomos han solicitado acogerse al bono social eléctrico en toda España amparándose en el nuevo supuesto aprobado por haber parado su actividad, haberse derrumbado su facturación y porque la renta familiar ha caído hasta convertirlos en hogares vulnerables. De esos 11.500 autónomos cerca de la mitad ya han sido reconocidos como receptores del bono y la otra mitad aún espera la resolución del estudio de su solicitud.

En paralelo, con la declaración del estado de alarma por el coronavirus, el Gobierno decidió prorrogar la vigencia del bono social eléctrico a los beneficiarios que debían renovar su solicitud. La prórroga automática durante seis meses del bono social -que ha de renovarse cada dos años- está beneficiando a más de 70.000 hogares al mes que tendrían que haber pedido mantener las ayudas, según las estimaciones del Gobierno.

El Gobierno se dispone a ampliar el escudo social creado para proteger a los consumidores vulnerables ante la situación de crisis provocada por la epidemia. Entre otras medidas como mantener la moratoria hipotecaria y la prórroga de alquiles, el Consejo de Ministros de este martes aprobará una extensión de la vigencia automática del bono social (que hasta ahora se había fijado al 15 de septiembre y se ampliará hasta el 30 de ese mes) y se extenderá también hasta finales de septiembre la prohibición de corte de suministros básicos de electricidad, gas y agua, que expiraba el 21 de julio.

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